Según lo
establecido en el numeral 18 del artículo 236 de nuestra constitución, es
obligación del presidente formular el Plan de Desarrollo Económico y Social de
la Nación y compete a la Asamblea Nacional aprobarlo (art. 187, numeral 8). Además
la Ley Orgánica de Planificación Publica y Popular en su artículo 26, define el
plan de desarrollo como el instrumento de planificación, mediante el cual se
establecen las políticas, objetivos, medidas, metas y acciones dirigidas a
darle concreción al proyecto nacional plasmado en la Constitución de la
República.
El Plan de la
Patria 2013-2019 es el segundo Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación (siendo el primero el presentado por el ex-presidente Hugo Chávez al
inscribir su candidatura el 11 de junio de 2012 ante el CNE). Este plan
contempla cinco objetivos.
Lo referente a
materia fiscal se contempla en el primer objetivo "DEFENDER, EXPANDIR Y
CONSOLIDAR EL BIEN MAS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA
INDEPENDENCIA NACIONAL". Aquí se plantea preservar la soberanía de
nuestros recursos, teniendo la capacidad para manejar soberanamente el ingreso
nacional.
Este primer objetivo
expresa que para preservar la soberanía de los recursos: el Estado debe
mantener y garantizar el control de PDVSA y otras empresas que exploten los
recursos mineros en el territorio nacional, promover y estimular la
investigación científica y el desarrollo tecnológico, fortalecer las políticas
petroleras en el seno de la OPEP para la justa valorización del petróleo, lograr
una instancia de coordinación de políticas gasíferas para una valorización
justa y razonable del gas, impulsar la participación de los trabajadores en la planificación
de las actividades de la industria petrolera y minera, fortalecer los planes
estratégicos de contingencia en el sector de hidrocarburos, minería y gas, que
incorporen la participación del Poder Popular para contrarrestar posibles
sabotajes y por último garantizar la incorporación de los recursos naturales estratégicos
al proceso productivo, de forma eficiente y sustentable para la satisfacción y
acceso democrático de la población a los bienes y servicios para el vivir bien.
Para garantizar el
manejo soberano del ingreso nacional, el Estado debe mantener y fortalecer
mecanismos de captación eficientes para la recaudación de la renta por la
actividad minera y por incrementos en el precio de los hidrocarburos en el
exterior, crear entes estatales para la comercialización de los minerales,
fortalecer y profundizar acuerdos financieros, mantener y consolidar convenios
con países aliados, fortalecer los mecanismos de cooperación en el MERCOSUR, adecuar
y fortalecer los mecanismos de control impositivo para mejorar la eficiencia en
la recaudación de los tributos nacionales, mejorar y promover la eficiencia de
la gestión fiscal del sector público para generar mayor transparencia, y
confiabilidad sobre el impacto económico y social de la política fiscal, diseñar
la planificación de la inversión pública para el ejercicio del presupuesto
anual, con el fin de dar consistencia a la política fiscal con los objetivos
económicos y sociales de la Nación e incrementar los niveles de inversión
pública en sectores estratégicos como apalancamiento para el desarrollo socio
productivo.
Los objetivos nombrados
anteriormente son sólo una parte del “Plan de la Patria”. Lamentablemente las políticas implementadas para la ejecución y desarrollo de dicho plan no han sido las mejores, se ha dejado a un lado las necesidades y prioridades de una población que ha gozado de independencia y libertad para favorecer un bien individual.
